San Juan, 12 mar (EFE).- El Gobierno puertorriqueño pondrá en marcha una comisión especial con el objetivo de salvar el sistema de pensiones de los funcionarios públicos, en peligro de quiebra y con un déficit acumulado de 23.800 millones de dólares.
El presidente de la Junta de Síndicos de la Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Carlos García, anunció hoy que la iniciativa busca que se realicen los ajustes necesarios que permitan pagar las pensiones de los funcionarios durante las próximas décadas.
García, también presidente del Banco Gubernamental de Fomento, culpó de la situación al anterior Gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, que según explicó llevó a cabo operaciones financieras equivocadas que contribuyeron a empeorar todavía más el déficit del sistema público de pensiones.
El funcionario aclaró que, no obstante, hay fondos para pagar las pensiones hasta el 2019, tras subrayar que no debe alarmarse a la población con mensajes catastróficos sobre el futuro de las prestaciones públicas.
"Hay dinero hasta 2019, pero el sistema se quedará sin fondos si no se hace algo", señaló García, que anunció la firma por parte del gobernador, Luis Fortuño, de la orden ejecutiva para la creación de la Comisión de Reforma de los Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.
García dijo sobre las decisiones de la anterior Administración, que el Ejecutivo de Acevedo Vilá llevó a cabo en 2007 un programa de emisión de bonos de 7.000 millones de dólares con el objetivo de invertir el beneficio obtenido en favor del sistema de pensiones.
Aclaró que los mercados en los que se invirtieron los bonos, sin embargo, tuvieron unos malos resultados que le cuestan al sistema de pensiones 300 millones de dólares anuales.
García resaltó que otro de los motivos que impactó negativamente en la liquidez de las pensiones fue la decisión de aumentar el límite de préstamos al consumo de 3.000 a 15.000 dólares que otorga el Gobierno a través del Sistema de Retiro -que actúa como banco comercial para los empleados públicos- a sus funcionarios.
Aclaró que la medida provocó una reducción significativa, en concreto de 736 millones de dólares, en el dinero que el Sistema de Retiro mantiene en caja para pagar a los pensionistas, al tratarse de préstamos que se renuevan indefinidamente.
García destacó que los programas de jubilación incentivados ofrecidos por el anterior Gobierno, entre los años 2005 y 2009, también contribuyeron al actual déficit, en concreto con una carga negativa de 293 millones de dólares.
Se refería así a la medida que en 2004 permitió a los maestros jubilarse a los 50 años, a la que se acogió un buen número de docentes del país caribeño.
En términos numéricos, en 2009 el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno Central sólo tenía fondos para cubrir uno de cada diez dólares que debía pagar en beneficios a los pensionistas en el futuro.
En cuanto a qué medidas tomar para hacer frente a la situación, destacó que la Comisión para la Reforma de los Sistemas de Retiro del Gobierno deberá remitir posibles soluciones sobre el déficit existente al gobernador en el plazo de los próximos seis meses.
García se limitó a apuntar que es temprano para dar detalles sobre hipotéticas soluciones y que el primer paso dado hoy fue reconocer la magnitud del problema.
"Por décadas, las administraciones anteriores no sólo han pospuesto darle una solución definitiva al problema sino que lo han agravado. Aquí lo que estamos buscando es darle una solución definitiva por el bien de los pensionistas", indicó.
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