Grupos latinos demandan la acción del Gobierno federal en la reforma inmigratoria

Washington, 29 jul (EFE).- La suspensión temporal de parte de la Ley SB1070 en Arizona es "una victoria importante", pero el Gobierno federal debe hacer una reforma integral del sistema de inmigración, dijeron hoy representantes de grupos latinos.

La juez federal Susan Bolton dejó en suspenso ayer la aplicación de tres artículos de la controvertida ley con el argumento de que las leyes de inmigración y su aplicación corresponden al gobierno federal.

"Este dictamen ha sido una victoria decisiva porque establece a quién le corresponde la aplicación de las leyes de inmigración", dijo en una teleconferencia Clarissa Martínez, directora de la Campaña Nacional de Inmigración del Consejo Nacional de La Raza (NCLR). "Pero se necesita mucho más", afirmó.

César Perales, presidente del Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal y Educación -que ayudó en la preparación de argumentos en las demandas legales en Arizona- dijo que la decisión "ratifica que no corresponde a los gobiernos locales la promulgación de leyes que infrinjan las leyes federales".

"Es una suspensión temporal, y los tribunales otorgan una suspensión cuando creen que el demandante tiene probabilidades de ganar el caso", añadió. "El aspecto más peligroso de esta ley es que permite la detención de personas sólo porque 'lucen sospechosas', y eso conduciría a la discriminación".

"Hace que todos los latinos sean sospechosos de ser indocumentados", dijo Perales.

Arjelia Gómez, del grupo "Chicanos por la Causa" de Arizona, dijo que una de las estipulaciones de la ley que la juez Bolton no suspendió y por lo tanto entra hoy en vigor preocupa a las personas involucradas en su programa de educación.

"Se trata de la disposición que prohíbe el transporte de inmigrantes indocumentados", dijo Gómez. "Nosotros transportamos a niños y sus padres y madres en diferentes partes del estado, como parte de los requisitos del gobierno federal para la administración de nuestro programa".

Gómez señaló, asimismo, que numerosas familias que han estado conectadas con su programa han abandonado o se preparan a abandonar el estado, y expresó su preocupación porque algunas mujeres, víctimas de violencia doméstica, ahora tienen miedo de llamar a la policía o buscar la protección de un albergue donde puedan detenerlas por su estatus migratorio.

"Una de las metas de la ley de Arizona fue, precisamente, hacer que los inmigrantes indocumentados se fueran del estado", comentó Martínez. "Es algo que no afecta sólo a los indocumentados, es el ambiente de intimidación que muchos latinos perciben en Arizona".

Ben Monterroso, director ejecutivo del "Fondo Mi Familia Vota", sostuvo que "los votantes latinos en Arizona hemos visto muchos ataques pero nada caló tan profundo como esta ley" la SB1070 promulgada en abril por la gobernadora Jane Brewer.

"Ahora, más que nunca, los latinos quieren que se escuche su voz, y estarán presentes como nunca en las elecciones" legislativas de noviembre, dijo Monterroso. "Nosotros trabajaremos para registrar al mayor número de votantes latinos y hacer que concurran a votar, porque nuestro voto puede hacer la diferencia en las elecciones estatales".

La presidente del NCLR, Janet Murguía, indicó que los boicot contra Arizona y "las movilizaciones continúan, porque este proceso de apelaciones continuará".

"Lo que podemos sacar como lección es que no podemos enfocarnos en soluciones falsas", añadió. "Tal como la aplicación de la ley de inmigración compete al gobierno federal, la capacidad para una reforma real del sistema de inmigración está en Washington, no en las capitales de 50 estados".

"Esta decisión forzará a romper el estancamiento en el Congreso", dijo Murguía. "Seguiremos la lucha hasta que se revoque esta ley definitivamente, pero el gobierno federal debe actuar".