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Encarcelan a 69 participantes en disturbios durante investidura de Peña Nieto

MÉXICO DISTURBIOS | 04 de diciembre de 2012

Cientos de manifestantes protestan contra las detenciones registradas durante los disturbios por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, en Ciudad de México. EFE

México, 3 dic (EFE).- La Fiscalía de Ciudad de México informó hoy que 58 hombres y 11 mujeres fueron recluidos en una cárcel acusados de "ataques a la paz pública en pandilla", entre otros delitos, por su supuesta participación en los disturbios del sábado pasado durante la investidura del presidente Enrique Peña Nieto.

La Procuraduría General de Justicia (fiscalía) de la capital señaló también en un comunicado que 16 detenidos fueron liberados "bajo las reservas de la ley" y 10 de los 12 de los menores presentados ante las autoridades ya fueron entregados a sus padres.

Indicó que los detenidos contra los que se ejerció acción penal ingresaron a la cárcel esta mañana y quedaron a disposición de un juez y precisó que el delito principal que se les imputa se aplica a quien "mediante violencia extrema realice actos en contra de las personas y las cosas que perturben la paz pública".

Los dos menores que permanecen en custodia fueron trasladados al Centro de Estancia Transitoria para Niños de la Fiscalía.

Finalmente, la institución advirtió que continúa las investigaciones sobre "otros posibles partícipes y otros delitos".

En declaraciones a una radioemisora local, el procurador de la capital, Jesús Rodríguez, afirmó que los detenidos se exponen a condenas que van de 5 a 30 años de prisión.

"La conducta que realizaron estas personas, con todos los instrumentos para actuar con violencia contra personas y cosas, se ajusta perfectamente a lo que dice el código penal", dijo.

"Fue planeado para atacar la paz pública", añadió al reiterar que algunos detenidos se han identificado como miembros de los grupos Bloque Negro Anarquista, Cruz Negra Anarquista y Coordinadora Estudiantil Anarquista.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los detenidos destruyeron propiedad privada y pública en varios puntos de la ciudad, incluyendo las inmediaciones del emblemático Palacio de Bellas Artes, y agredieron a policías incluso con bombas molotov.

El movimiento estudiantil Yo Soy 132, que formó parte de las manifestaciones del sábado contra la investidura de Peña Nieto, realizó una marcha esta tarde hacia el Zócalo (plaza central de la capital) para exigir la liberación de los detenidos, a los que califica de "presos políticos".

Los activistas marcharon con pancartas y gritando consignas contra Peña Nieto, vigilados por policías antimotines.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad de México, Ricardo Navarro, informó hoy en conferencia de prensa que en el centro histórico de la capital los comerciantes dejaron de vender alrededor de 950 millones de pesos (73 millones de dólares), mientras en la zona de Congreso, donde se efectuó la investidura de Peña Nieto, el monto suma 149 millones (11,5 millones de dólares).

A eso se agregan los daños causados a los inmuebles comerciales y de servicios que se ubican en la zona centro, que suman alrededor de 28 millones de pesos (2,2 millones de dólares) "sólo en daños exteriores".

Aclaró que aún falta por cuantificar las pérdidas por saqueos, que se divulgarán posteriormente.

La Cruz Roja Mexicana indicó el sábado que los servicios de emergencia de la institución atendieron a 76 personas con heridas leves en conexión con la violencia de los manifestantes y otras 29 fueron trasladadas a diferentes hospitales de Ciudad de México.

Este lunes, decenas de organismos civiles, encabezados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, hicieron un "llamado a la calma y la prudencia de la sociedad", pero también a las autoridades federales, de la capital y del estado de Jalisco, donde también se registraron disturbios y alrededor de 20 arrestos, para garantizar el debido proceso de los detenidos.

Asimismo, pidieron esclarecer quiénes son los autores materiales e intelectuales de los hechos, teniendo en cuenta que hay indicios que hubo gente "provocadora" en medio de las manifestaciones, e investigar y castigar los abusos de las autoridades en contra de manifestantes.

"Recalcamos especialmente la obligación estatal para respetar los derechos de todas y todos los menores de edad remitidos a las agencias especiales", indicaron.

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