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Querellantes argentinos exponen denuncias contra el franquismo ante grupo de la ONU

ARGENTINA FRANQUISMO | 06 de marzo de 2015

Buenos Aires, 6 mar (EFE).- Querellantes argentinos en la causa por los crímenes del franquismo expusieron hoy sus casos al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU en una audiencia celebrada en Buenos Aires, confirmaron a Efe fuentes de ese grupo.

Por primera vez, tres querellantes argentinos - Adriana Fernández, Inés García Holgado y Darío Rivas- mantuvieron un encuentro con el grupo de la ONU por la causa que investiga los crímenes cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

García Holgado planteó la necesidad de declarar una ley que anule los sumarios contra las víctimas del régimen, "para que el buen nombre y el honor" sean reparados.

Denunció también los problemas para acceder a los archivos con información sobre víctimas, dado que sin documentación, los familiares no pueden sumarse a la querella.

García Holgado dijo que el grupo de la ONU "puede intervenir" ante el Estado español "y puede presionar, porque esto es materia estatal".

"La Justicia argentina está ayudando. El tema es la Justicia española, que tiene que decidirse y empezar", consideró.

La reunión fue solicitada por la sección argentina de Amnistía Internacional (AI) y, para los querellantes argentinos, representó "un momento único" para hablar sobre la causa ante un organismo internacional "que está muy al tanto de la situación de total impunidad y silencio".

"Del Estado español no tenemos nada, no tenemos ningún tipo de contención, está todo realmente silenciado, tapado. No se quiere reconocer la verdadera memoria histórica del pueblo y eso duele", señaló Adriana Fernández.

Ambas son nietas de víctimas de la dictadura, pero mientras García Holgado sabe que los restos de su abuelo estuvieron en una fosa común en España, Fernández aún intenta saber qué sucedió con el suyo.

En Argentina, la querella contra los crímenes cometidos durante el franquismo se presentó en 2010 por un grupo de exiliados españoles y cuenta ya con unas 250 denuncias admitidas a trámite por la jueza María Servini de Cubría, a cargo de la causa.

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